La instalación de una granja marina para el cultivo de lubina frente a la costa de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria (España), volvió a instalar el debate sobre el desarrollo de la acuicultura y su compatibilidad con la conservación de ecosistemas marinos de alto valor ambiental. El proyecto continúa avanzando en su tramitación administrativa, aunque deberá atravesar una nueva evaluación de impacto ambiental antes de que pueda definirse su futuro.
La iniciativa, impulsada por la empresa Gran Canaria Bass Company, comenzó su tramitación hace ocho años y contempla la instalación de 24 viveros flotantes con una capacidad de producción estimada en 5.400 toneladas anuales de lubina, una de las especies de mayor importancia para la acuicultura mediterránea. La inversión prevista ronda los 6,8 millones de euros y cuenta con financiamiento mayoritario proveniente de capitales de Emiratos Árabes Unidos.
Según confirmó la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, el expediente continúa su curso dentro del marco establecido por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, instrumento que define las áreas destinadas al desarrollo de esta actividad en el archipiélago.
Sin embargo, el Ministerio competente solicitó que el proyecto sea sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que la evaluación simplificada prevista inicialmente no resultaba suficiente. Esta decisión implicará la elaboración de nuevos estudios técnicos, la incorporación de informes adicionales y la apertura de un nuevo período de información pública para la presentación de observaciones por parte de organismos, instituciones y ciudadanos.
La ubicación elegida para la futura granja corresponde a la Zona de Interés Acuícola GC-9, situada entre las puntas de Góngora y La Aldea, en la costa noroeste de Gran Canaria. Si bien el área integra la franja de transición de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, donde determinadas actividades económicas son compatibles con la normativa vigente, cualquier desarrollo productivo debe demostrar que puede convivir con la conservación de los recursos naturales.
Precisamente ese aspecto concentra buena parte del debate.
El proyecto encontró una fuerte oposición por parte del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, cuyo Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una moción en contra de la iniciativa. Posteriormente, el Cabildo de Gran Canaria adoptó una posición similar y diversos municipios de la región trasladaron sus inquietudes al Gobierno autonómico.
A estas posiciones institucionales se suman organizaciones ambientales, asociaciones de pescadores artesanales, vecinos y representantes del sector turístico, quienes manifestaron preocupación por la cercanía del emprendimiento a áreas marinas protegidas incluidas en la Red Natura 2000, además de la presencia documentada de especies consideradas sensibles para la conservación.
Desde el Gobierno de Canarias sostienen, en cambio, que será el nuevo procedimiento ambiental el encargado de evaluar técnicamente cada uno de los planteos realizados durante la tramitación, incorporando la información científica necesaria antes de emitir una resolución definitiva.
Más allá del resultado que finalmente tenga el expediente, el caso refleja uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la acuicultura en distintos países: compatibilizar el crecimiento de la producción de alimentos de origen acuático con la protección de ecosistemas costeros y marinos.
La situación también ofrece un punto de análisis para Argentina, donde distintos proyectos de maricultura avanzan con especies de alto valor comercial como el pez limón (Seriola lalandi), la chernia y otros peces marinos. En todos los casos, los procesos de desarrollo requieren estudios ambientales, evaluaciones técnicas y planificación territorial que permitan impulsar inversiones sin comprometer la sustentabilidad de los ambientes donde se implantan.
La evolución del proyecto canario será seguida con atención por el sector acuícola internacional, ya que su resolución podría constituir un antecedente para futuros emprendimientos en zonas costeras con alto valor ecológico y definir criterios para el crecimiento de la denominada economía azul en Europa.
