La Resolución 793/2026 establece requisitos obligatorios de bioseguridad y buenas prácticas para la producción comercial de peces en Argentina. Los establecimientos tendrán que inscribirse en el RENSPA, contar con un técnico acuícola acreditado y elaborar manuales de prevención y contingencia. La implementación comenzará en marzo de 2027.
La producción comercial de peces en Argentina tendrá un nuevo marco sanitario a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 793/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La normativa establece condiciones mínimas de bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas (BPA) para los establecimientos dedicados a la piscicultura destinada al consumo humano.
La medida alcanza a las instalaciones ubicadas en tierra y a las que desarrollan su actividad en ríos, lagos, embalses y ambientes marítimos. También comprende las distintas etapas productivas, desde la reproducción, incubación y obtención de alevinos hasta el engorde de los peces.
Uno de los requisitos centrales será la inscripción de los establecimientos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). Además, deberán cumplir las disposiciones vigentes sobre bienestar animal y contar con un Técnico Acuícola Acreditado por el SENASA. El organismo anunció la puesta en marcha de una capacitación específica para la acreditación a través de su Aula Virtual.
Infraestructura y controles sanitarios
La resolución establece exigencias de infraestructura que varían según las características de cada sistema productivo. Entre ellas se encuentran la delimitación de las áreas de trabajo, la señalización, el control de acceso y la instalación de barreras sanitarias para la desinfección de personas, vehículos, calzado y materiales.
También deberán implementarse procedimientos para el manejo y control de la calidad del agua, la limpieza y desinfección periódica de instalaciones y equipos, y la cuarentena de los peces o lotes que ingresen a los establecimientos.
Otro aspecto contemplado es la prevención de la contaminación cruzada entre unidades productivas. Para ello, se deberán establecer procedimientos de trabajo y utilizar equipamiento que permita evitar la transmisión de agentes patógenos.
Dos manuales obligatorios
Cada establecimiento deberá disponer de un Manual de Bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas, en el que se documenten las medidas preventivas, los procedimientos de limpieza y desinfección, el manejo sanitario y las condiciones de bienestar animal.
A ese documento se sumará un Manual de Contingencia, destinado a establecer cómo actuar ante episodios de alta mortandad o sospechas de enfermedades de notificación obligatoria.
Los protocolos deberán contemplar la detección temprana de posibles problemas sanitarios, la comunicación al SENASA, la suspensión de movimientos cuando corresponda, el aislamiento de los sectores afectados y la disposición segura de los ejemplares muertos.
La normativa también exige mantener registros documentales que permitan verificar las acciones realizadas y facilitar las tareas de control sanitario.
Plazos para la adecuación
Considerando las diferencias entre los sistemas productivos y las dimensiones de los establecimientos, el SENASA dispuso una implementación gradual.
La resolución entrará en vigencia a los 180 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, prevista para marzo de 2027. Desde ese momento, los titulares tendrán 90 días para presentar un informe sobre el cumplimiento de los requisitos.
En aquellos casos en los que la adecuación sea parcial, deberán acompañar el informe con un plan para completar las exigencias pendientes. Ese proceso podrá extenderse hasta un máximo de 24 meses.
La nueva regulación busca mejorar la trazabilidad de la producción, reducir los riesgos sanitarios y fortalecer las condiciones para el desarrollo de la piscicultura argentina, tanto en el mercado interno como en las operaciones de exportación.














