La intención de instalar una macroindustria salmonera en las islas Malvinas generó una profunda división entre sus 3.500 habitantes y activó un fuerte reclamo social para que el futuro del ecosistema marino se defina mediante un referéndum vinculante.

La iniciativa, dada a conocer a través del periódico británico The Guardian, pertenece al consorcio Unity Marine —integrado por la pesquera local Fortuna y la danesa F-land ApS— y prevé la instalación de 16 centros de cultivo con una producción estimada de 50.000 toneladas anuales de salmón, consolidándose como el mayor emprendimiento costero en la historia del archipiélago.

Mientras que una evaluación oficial estimó que la actividad (calculada incluso en 30.000 toneladas) aportaría unos 35 millones de libras esterlinas al año y 133 empleos directos, los sectores vecinales y ambientales desconfían de las cifras y del proceso de consulta pública abierto por la administración local, previsto del 7 de agosto al 30 de octubre.

La organización civil Salmon Free Falklands (SFF), junto a referentes como Sally Poncet y la asesora técnica Louise Cherrie, advierten sobre la falta de estudios independientes de capacidad de carga, los graves riesgos de contaminación por desechos químicos y fecales, y la ausencia de protocolos para gestionar mortalidades masivas de peces ante floraciones de algas o enfermedades.

El malestar comunitario se reflejó en reuniones públicas sumamente tensas donde los residentes interpelaron a consultores extranjeros invitados por las empresas. Ante los cuestionamientos sobre el impacto en mamíferos marinos, la polución y las diferencias oceanográficas con otras regiones del mundo, los expositores reconocieron la necesidad de realizar estudios específicos en el archipiélago.

Por su parte, la administración isleña insiste en mantener una postura neutral argumentando que el proceso actual busca abrir el debate y no constituye una autorización definitiva. Este escenario retoma un litigio judicial previo iniciado en 2022 por Unity Marine tras el rechazo inicial del proyecto, cuyo acuerdo judicial dio pie a la actual instancia participativa que la oposición considera insuficiente, exigiendo que sea la votación popular en las urnas la que determine el rumbo ambiental y productivo de las islas.